Envían a 9 afines al MAS a la cárcel y Carrillo se defenderá en libertad

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El que fue aprehendido en poder de una escopeta y el exasambleísta Marco Carrillo

Tras la audiencia de medidas cautelares, se determinó la detención preventiva de nueve personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). Seis fueron enviadas a la cárcel San Sebastián varones y tres al penal de El Abra, mientras que el exasambleísta Marco Carrillo fue beneficiado con detención preventiva.

Estas personas fueron aprehendidas por la Policía durante los enfrentamientos entre personas del trópico cochabambino y las fuerzas del orden, el pasado viernes en la avenida Villazón.

Las audiencias se celebraron en la Estación Policial Integral (EPI) norte y fueron conducidas por los jueces de turno.

El Ministerio Público imputó a los nueve detenidos por alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, tenencia y porte o portación ilícita de armamento y atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado. Carrillo, en tanto, fue imputado por alzamiento armado, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa.

Durante su audiencia, Carrillo dijo que un periodista lo identificó como dirigente y fue aprehendido por eso. “Parece que algunos periodistas están coordinando con la Policía”,  dijo.

El exasambleísta se benefició con detención domiciliaria (medida cautelar de carácter personal), tiene prohibido comunicarse con los investigados, está arraigado, no debe abandonar el departamento y debe presentar dos garantes.

Algunos elementos presentados por el Ministerio Público en la audiencia son los mensajes de texto entre Carrillo y el vicepresidente de las 6 Federaciones, Andrónico Rodríguez, y grupos de WhatsApp a través de los cuales presuntamente coordinaba con afines al MAS movilizaciones en Sacaba y en la zona sur de Cochabamba.

En las declaraciones ante la Fiscalía, Carrillo refirió que no tuvo contacto con las  bases cocaleras y que al momento de su aprehensión fue encontrado cerca de los policías y militares.

Otros imputados

Minutos después de culminar la audiencia cautelar del exasambleísta, Ignacio A, que el día del conflicto tenía en su poder una escopeta, amenazó de muerte al funcionario policial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

“Ahora vas a morir”, le dijo mientras le apuntaba con el dedo. Este incidente fue denunciado por el representante de la Fiscalía durante la audiencia cautelar de los nueve procesados.

Entre las pruebas presentadas por el representante del Ministerio Público ante la juez cautelar número 1 de la capital, están los resultados de la prueba de guantelete que determinó que los nueve imputados manipularon artefactos explosivos y un arma de fuego.

Pruebas

Durante la lectura de la resolución de audiencia, algunos de los imputados solicitaron dar su declaración ante la juez. “Sí, yo estaba en la marcha, sólo queríamos pasar de manera pacífica”, dijo uno de los acusados.

Sin embargo, entre los elementos secuestrados por las fuerzas del orden hay un arma de fuego, bazucas artesanales, granadas de gas y petardos.

Los acusados deben permanecer recluidos por seis meses, mientras la Fiscalía culmina con la investigación.

LOS NUEVE MURIERON POR IMPACTO DE BALA

El representante de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, informó que la totalidad de las víctimas fatales (9) falleció producto de impactos de bala. El reporte defensorial señala que existe una persona más con riesgo de perder la vida.

 “Ahora debemos aguardar los resultados de balística para saber la procedencia de los proyectiles que causaron las nueve muertes, esto queda en manos del Ministerio Público”, dijo el delegado defensorial departamental.

PIDEN TRANSPARENCIA EN LA INVESTIGACIÓN DEL CASO

CARMEN CHALLAPA C.

El comandante departamental de la Policía, Jaime Zurita, solicitó al Ministerio Público una investigación transparente y clara para dar con los responsables de los decesos.

“Estamos dispuestos a coadyuvar con la investigación, realmente necesitamos vivir en paz”, dijo.

El jefe policial señaló que antes de la represión del pasado viernes y sábado por la tarde, se comunicó con la gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, para poder dialogar. Ella se comprometió a coadyuvar con la solución del problema, pero hasta ayer no se concretó nada.

“El viernes personalmente me comuniqué con Nelson Cox (defensor del Pueblo en Cochabamba) y Edwin Claros (presidente de Derechos Humanos de Cochabamba), también con la gobernadora, pero ninguno se apersonó, les explicamos que había una turba enardecida, pero no hicieron caso”, explicó.

Zurita explicó que lo único que restaba para frenar a la marcha era cumplir con la misión constitucional que tiene la Policía.

“Hay pruebas de que el grupo movilizado estaba armado con el objetivo de causar daño a los policías, civiles y población”, dijo.

El jefe policial una vez más pidió a las autoridades llamadas por ley a convocar a los sectores movilizados a instalar la mesa del diálogo y normalizar la situación.

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